(2010) Despenalizar la okupación, reconocer el movimiento [SP]

Lunes 4 de enero de 2010, por Miguel Angel Martinez

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DESPENALIZAR LA OKUPACIÓN, RECONOCER EL MOVIMIENTO

¿Dónde se han ido los movimientos urbanos transformadores? Hace unos años recibí un comentario anónimo a un artículo teórico que escribí sobre la sociología urbana y política de Manuel Castells. El evaluador señalaba que el problema de esas teorías era que se habían quedado sin referencias empíricas. Mi objeción fue defensiva: que no se parezcan al movimiento vecinal y ciudadano del período post-dictatorial, no significa que hayan desaparecido; ahí están el nuevo ecologismo urbano, el arte público, la promoción de la bicicleta, las iniciativas frente a la privatización de los equipamientos y servicios públicos, la solidaridad y organización de comunidades inmigrantes, o las okupaciones de viviendas y centros sociales autogestionados. No obstante, después de más de dos décadas de estas últimas experiencias en ciudades españolas y una década más, por lo menos, en ciudades europeas, cabe seguir preguntándose: ¿por qué las okupaciones aún suscitan tantas suspicacias, controversias y desconocimientos? Es más: ¿por qué siguen considerándose un delito desde su tipificación en el Código Penal de 1995 (con penas multa que pueden acabar en cárcel)?

Holanda y el Reino Unido son dos de los países en los que la okupación de un inmueble deshabitado no ha constituido delito penal alguno durante décadas. Distintas legislaciones, sin embargo, han ido erosionando las posibilidades de permanencia de los y las okupas en esos inmuebles y permitiendo los desalojos cuando la propiedad ofrecía garantías de que los utilizaría de forma inmediata. La última ofensiva del gobierno holandés contra el derecho a okupar incluso provocó la elaboración de un nutrido “libro blanco” por parte del movimiento y numerosas adhesiones públicas. Una encuesta de opinión en el mismo país, además, mostró equilibradamente divididas las simpatías y antipatías hacia esas prácticas. En Dinamarca, donde hace una década que casi no se permite ninguna nueva okupación, perviven desde principios de 1970 decenas de viviendas okupadas en un antiguo recinto militar: la comunidad de Christiania. Hace unos meses sus moradores han perdido el último de los pleitos que mantenían en su pulso legal frente al Estado y, si la apelación final no lo remedia, es posible que en breve se desaloje violentamente a una de las experiencias comunitarias urbanas más interesantes de todo el continente. Este año también han sido desalojados y reokupados al poco tiempo, míticos centros sociales okupados como el Cox 18 en Milán o el CPO Experia en Catania. En toda Europa, como se puede fácilmente deducir, existen tensiones legales y políticas en torno a las okupaciones. Aunque el movimiento sigue activo y pro-activo, gestando múltiples proyectos vitales y político-culturales, la represión al mismo ha aumentado en los últimos años en una especie de perversa “convergencia europea” paralela a los procesos “para-consitucionales” instigados por las élites transnacionales. ¿No es perverso, acaso, que en las instituciones de la UE se ensalcen prácticas de participación ciudadana, innovación, conocimiento, creatividad cultural, inclusión social, sostenibilidad, habitabilidad, etc. y se destruyan aquellas experiencias sociales, como las okupaciones, donde mejor se ejercen?

España no se ha quedado rezagada. Incluso la aparición en varios países de empresas especializadas en aumentar la seguridad de las viviendas vacías y acosar a quienes las okupan, empieza a tener su réplica local con las manifestaciones de algunos personajes y blogs especializados en combatir indiscriminadamente todo tipo de okupaciones y con cualquier argumento demagógico a mano. Para estos nuevos reaccionarios, la propiedad privada se defiende a capa y espada, mientras que su “función social” y todos los recursos que consume al suelo y al erario públicos, son distraídamente omitidos. Se olvida con facilidad, pues, el grave delito contra la sociedad que supone tener un inmueble sin ocupación después de que se ha planificado urbanísticamente su ubicación, se le ha dotado de infraestructuras urbanas, se ha estudiado y autorizado su edificación y, lo que es peor, se han soslayado con mucha frecuencia sus deberes de conservación, ornato y seguridad. A la inexcusable y cómplice falta de diligente inspección y amonestación administrativas, se suma la agresión social que implica una práctica especulativa en la gran mayoría de los casos de abandono, deterioro premeditado y acoso a inquilinos molestos para poder orquestar los pretendidos planes de recalificación o venta futura de los inmuebles. ¿Por qué, entonces, son perseguidos y encarcelados aquéllos que denuncian ese despilfarro y le dan nueva vida a espacios muertos?

En realidad, sólo se le okupa a quien le sobra y, sobre todo, a quien ostenta tanto con su riqueza que no le importa mostrar su destrucción a ojos de quienes necesitan y reclaman espacios para vivir, solos o en común. Se le okupa a quien incumple ostentosamente la función social de la propiedad. La vivienda, además, es un derecho y la especulación, un delito. Okupar es una defensa de lo primero y una lucha contra lo segundo. Los inmuebles vacíos nos expulsan de la ciudad tanto como nos segregan sus precios escandalosos. ¿Por qué numerosos jueces atienden de forma extraordinaria las demandas de los propietarios acaudalados ordenando “desalojos cautelares” antes de celebrar juicio alguno? Esto es especialmente alarmante cuando comprobamos que en más de una década y media de aplicación del Código Penal apenas ha habido sentencias condenatorias por el “delito de usurpación”. Mientras, muchos de aquellos edificios una vez okupados, permanecen llenos de escombros aguardando su ruina, o una mejor fortuna para sus propietarios. Mientras, aquéllos que han reivindicado pacíficamente su derecho a una vivienda digna, tal como enuncia el artículo 47 de la Constitución, y a espacios socioculturales donde desarrollarse libre y participativamente, a menudo también son “encarcelados cautelarmente”.

Nunca es tarde para volver a unir esfuerzos en pro de la despenalización completa de la okupación. En muchas ciudades estamos viviendo de forma dramática la amenaza de desalojo de proyectos que han reunido a miles de personas, colectivos, talleres, conferencias, conciertos, exposiciones, encuentros, fiestas y experimentos que, a la vista está, no tienen otros espacios apropiados donde desplegarse. Más allá de cada espacio okupado concreto o de la apariencia juvenil de sus okupantes, están promoviendo la rearticulación ciudadana de los barrios y de distintos movimientos sociales. Su radicalidad, sus constantes protestas y su autoorganización horizontal, es cierto, pueden parecer más propias de décadas anteriores, pero todo ello es precisamente lo que hace valioso e imprescindible a este movimiento en un contexto de tanta miopía ante las necesarias transformaciones urbanas desde abajo y desde lo común.

Miguel Martínez Profesor de Sociología. Universidad Complutense de Madrid

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